Desde la campaña presidencial AMLO se propuso conducir a México en un modo libre, soberano, justo e igualitario, pero ¿Realmente lo ha cumplido? ¿Será que este presidente, sí cambie a México? En ese sentido y siguiendo sus ideales el Presidente de México, el pasado 12 de noviembre en el Palacio Nacional durante su "mañanera", presentó una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo sobre la subcontratación o mejor conocido como el "Outsourcing".

Tras la llegada del outsourcing a México se incrementó de manera radical el número de empleos pasando de 3.1 a 4.5 millones tan solo en 2018. No obstante, cuando se trató de regular jurídicamente con la reforma laboral de 2012, los legisladores dejaron lagunas jurídicas. Los patrones, al guiarse por la corrupción, se dieron cuenta que a través del outsourcing podrían deslindarse de no darles sus prestaciones laborales a los trabajadores, quienes comúnmente siempre son las víctimas. En ese sentido es que, el presidente Andrés Manuel junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social crearon dicha iniciativa al outsourcing con la finalidad de evitar las malas prácticas de las empresas en contra de los trabajadores e impuestos. Tal y como declaró el presidente en Palacio Nacional, “actualmente el outsourcing es una forma de defraudación fiscal que afecta evidentemente los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores, como el aguinaldo y la antigüedad”.

Después de ser televisada la firma de la iniciativa, entre los puntos importes de esta reforma se encuentran: la prohibición de la subcontratación, salvo cuando se ofrezcan servicios especializados, los cuales deberán de estar suscritos en un listado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para su regulación, ya que en caso de no cumplir con los estándares las empresas tendrían que pagar una multa de entre $173,760 hasta los $4 millones 344,000 mil. También, quienes ofrezcan dichas prestaciones especializadas deberán compartir una responsabilidad solidaria de sus trabajadores, ya que antes solo era responsabilidad de la empresa subcontratada, lo que no les permitía a los trabajadores tener un debido proceso laboral. Por último, otro de lo punto importes es darles todas las prestaciones constitucionales a los trabajadores de outsourcing, para evitar que las empresas eviten pagar impuestos y realicen actos ilegales.

Efectivamente, es necesaria y obligatoria una reforma laboral en el outsourcing, en especial si se busca el bienestar de los trabajadores y no un bienestar empresarial privado como se ha visto en otras reformas laborales. Esta iniciativa, en principio es buena porque el Estado estaría cumpliendo con sus obligaciones, en relación con que todos gocen de sus derechos. Sin embargo, el Presidente de la República debió de considerar que más del 35% de los trabajadores tienen un trabajo de este tipo, por lo que si el Congreso Unión aprueba la iniciativa México sufriría una pérdida económica enorme que se juntaría con la pandemia, lo que llevaría a aumentar el precio de los productos básicos. Entonces AMLO tendría que reformular su iniciativa en busca de encontrar un equilibrio entre derechos laborales y el bienestar económico del país. Por todo ello, Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana se expresó en Twitter diciendo: "Que la reforma propuesta del outsourcing traicionaría el compromiso de construir un cambio legal del sector privado y derecho de los trabajadores y patrones que se necesita en el país".