Con el objetivo de reformar el código penal local para buscar proteger a las víctimas, en especial a aquellas que se han tipificado como feminicidios, se adicionó el artículo 293 Quárter, el cual señala que “se impondrán de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos”, como establece el sitio web del Congreso de la Ciudad de México.

De igual forma, se indica que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información difundida es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares.

En el año 2020 en México se cometieron 940 feminicidios, de acuerdo con los datos recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta violencia es una problemática que a diario preocupa a gran parte de la sociedad mexicana; lo sucedido con Ingrid sólo denota la crueldad por parte de los agresores y las lagunas que la ley aún tiene que corregir para proteger a las víctimas y su integridad. Asimismo, fue un exceso por parte de los medios de comunicación el haber difundido y compartido las imágenes explícitas de la violencia ejercida, ya que según diversas leyes estatales y hasta federales, por dichas prácticas podrían haber sido sancionados, e inclusive, haber perdido sus licencias por la publicación de fotografías clasificadas por la Fiscalía solo con el fin de llamar la atención.