El día de ayer la Secretaría de la Función Pública (SFP) la cual está a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que inhabilitará por 10 años para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el sector público, a Alfredo Castillo Cervantes exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en el sexenio de Peña Nieto y actual comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. Lo anterior, con motivo de haber omitido y ocultado seis cuentas bancarias a nombre de su cónyuge y de él. Dichas cuentas tienen alrededor de 18.3 millones de pesos cada una.

“Continuamos dando resultados en el combate a la impunidad. Desde Función Pública hoy hemos inhabilitado por 10 años a quien fuera comisionado para la Seguridad en Michoacán y también ex titular de la #CONADE en la pasada administración” dijo la secretaria Irma, vía Twitter.

Todo lo anterior, se debió a que la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició hace tiempo un procedimiento administrativo para la verificación de la evolución patrimonial del funcionario. En donde en esta se determinó que Alfredo Castillo omitió declarar de forma honesta su declaración patrimonial de 2014 a 2016.

Cabe destacar que el ser funcionario público, significa tener la obligación de declarar todos sus bienes patrimoniales. Si se realiza una omisión, esto contribuye a una violación al artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público. El cual dice que: "Un Servidor público tiene la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial y que de no hacerlo se le sancionará"

Este procedimiento sancionador contra Alfredo Castillo es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222 casos contra funcionarios públicos corruptos. Es así como, Irma Sandoval recordó que la declaración patrimonial: “Es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público”.