Saludos, estimad@ lector(a).
El día de hoy, te traigo la tercera parte del review de la Mesa de Diálogo: “La Política Ambiental de la 4ª Transformación”. Este apartado versa de los daños ambientales provocados por PEMEX y CFE y sus repercusiones en la sociedad, derivados de la permisividad que se les ha dado a ambas entidades.

La Mtra. Lucía Martínez inició la discusión sobre el tercer tópico, señalando que la Reforma Energética no ha sido la mejor reforma constitucional ni legislativa que hemos tenido, aunque sí representó la apertura a un mercado eléctrico. Añadió también que, pese a que México tiene la capacidad para invertir en el mercado de la energía eléctrica para el fortalecimiento del sector, no ha habido un verdadero interés por llevarlo a cabo, que se sigue optando por producir este tipo de energía a partir de carbón. En consecuencia, México ha pasado de ser un país de primer nivel en distribución de energía eléctrica a una posición relativamente mucho más baja.

Por otra parte, señaló que el dirigente de la CFE no cuenta con los conocimientos ni la capacitación suficiente para dirigir este organismo, y que es, esta misma empresa, un ejemplo muy concreto de que la corrupción aún persiste en la administración pública, por los intereses del sector energético.

Por mi parte, comenté sobre la falta de congruencia y de la permisividad que caracteriza a la actual administración. Para empezar, desde el Art. 4º Constitucional, se establece: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”. Sin embargo, mientras que, por un lado, el gobierno nos ilusiona con la idea de avanzar en la transición energética, por el otro, se tienen, como Proyectos Prioritarios del Gobierno de México, la rehabilitación de seis refinerías y la creación de una nueva. Eso refleja la falta de congruencia entre los discursos y las acciones del gobierno, así como la falta de coordinación interinstitucional en el emprendimiento de acciones y en la gobernanza ambiental. Por lo tanto, México no logrará descarbonizar su economía en el corto plazo, en tanto que su esta siga basándose en el petróleo, y esto, a su vez, representa un obstáculo para alcanzar una economía sostenible. A pesar de que el país cuenta con un gran potencial para producir energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica, por ejemplo, el gobierno sigue apostando por los combustibles fósiles, y eso ya no está bien, no en el marco del inicio de la Década de Acciones Aceleradas para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, un acuerdo internacional que México ha ratificado y que incluye el Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante, y no cuando México ha ratificado tantos otros acuerdos internacionales en la materia de contaminación atmosférica por emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

La Secretaría de Energía (SENER) pronosticó, en 2016, que, para 2030, apenas el 32% de la energía eléctrica producida se obtendrá de fuentes renovables (SENER, 2016, p. 15). Y es ahí donde uno se pregunta: “Bueno, ¿y la Ley de Transición Energética [publicada en el DOF en 2015] dónde queda y pa’ qué sirve?”. Esta ley “…tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica” (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2015, p. 1). Pero ¿dónde está?, ¿por qué ni siquiera oímos de ella? Y ¿dónde están los resultados, o para cuándo los esperamos? Con todo, debemos considerar que la infraestructura del país fue diseñada, desde un inicio, para funcionar a base de petróleo, y modificar esas megaestructuras, no sólo físicas, sino también paradigmáticas y administrativas, es todo un reto. Pero no por eso deja de ser una necesidad urgente, y no por eso debe dejar de ser un compromiso de Estado el lograr esta transición. Y ahí, personalmente, yo considero que se trata meramente de voluntad política, de facilitar la vinculación entre países, bloques regionales, instituciones y sectores, para hacer posible esta transición, de la mano de la iniciativa privada, que trae toda la innovación, el conocimiento y la capacidad técnica y financiera, para entrarle de lleno a las energías renovables, reconociendo que estas acciones son necesarias para garantizar la salud ambiental y para el bienestar de todas las personas.

A propósito de la cooperación internacional, la Ing. Diana Campos habló de un caso que representa un avance en materia de prevención de la contaminación atmosférica. En específico, se refirió a la reducción global del límite máximo permisible del contenido de óxidos de azufre en los combustibles utilizados en buques al 0.5%, por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de reducir en un 77% las emisiones de este compuesto de efecto invernadero por embarcaciones. Con esto, vuelve a surgir la cuestión de cómo implementar la abundante normativa internacional, en un país que cuenta con mantenimiento deficiente de su equipamiento e infraestructura, y que, además, su remodelación representaría una fuerte inversión.

Sobre la cuestión internacional, la Mtra. Lucía aportó otro tema bastante interesante: el mercado de bonos de carbono, que fue una iniciativa que surgió con la misión de “compensar” las emisiones de gases de efecto invernadero mediante “proyectos de captura de carbono” para reducir las emisiones. Sobre estos, opinó que estos sirven de justificación para las grandes potencias contaminantes para poder seguir llevando a cabo sus actividades altamente contaminantes cotidianamente, mientras sigan comprando bonos. Así, ellos continúan con sus actividades business-as-usual, mientras los países vendedores de los bonos se encargan de emprender proyectos para “mitigar” estas emisiones y, de esta manera, en las listas, ya dejan de ser los más contaminantes, porque alguien más, en otro lado, está “mitigando” esas emisiones. Sin embargo, al igual que la maestra, quien lo califica como “maquillaje internacional”, mucho se critica la efectividad de este mecanismo. Una manera verdaderamente eficaz para reducir la huella de carbono individual o de una empresa o de un país es que cada persona no sólo mitigue, sino reduzca sus emisiones, cambiando sus patrones de consumo, sus hábitos, para prevenir que se sigan emitiendo estos gases.

Otra observación importante fue que muchas personas físicas y morales toman el “el que contamina, paga” y lo retuercen en un “el que paga, puede contaminar”. Ante esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene un área de oportunidad tremenda de ampliar su cobertura en el monitoreo de crímenes ambientales, de hacer valer la justicia ambiental, para asegurarse de que las acciones o proyectos que representen un daño ambiental, realmente reparen el daño, paguen una multa, y no sólo quieran enmendar un derrame de ácido en un río con una pequeña “reforestación” de un parque [que ni tiene nada de reforestación] para salir impunes.

Una de las conclusiones más importantes fue que, en lugar de invertir en emprender nuevos megaproyectos para ponerse la estrellita, el gobierno debería redirigir esa inversión al mantenimiento o remodelación de su equipamiento e infraestructuras, o bien, al fortalecimiento de sus instituciones para operar con mayor eficiencia y eficacia. Y en este caso particular, menos aún invertir en una refinería que, esperamos, va a durar en operación poco tiempo, porque se las van a cerrar en un rato por no ser sostenible y a la basura la mega inversión millonaria que implicó.

Por otro lado, que se deben reforzar las acciones para construir y aumentar la conciencia colectiva en torno a la responsabilidad ambiental, a la conservación del medio, para que más gente se sume y sea partícipe del cuidado y mantenimiento de nuestro preciado medio.

Como ciudadanos mexicanos, es nuestro derecho y nuestro deber demandar que nuestras instituciones se desempeñen con profesionalismo, ética, transparencia y eficiencia, garantizando el cumplimiento de sus labores, rindiendo cuentas y fomentando la participación ciudadana. Así que seamos parte de la gobernanza ambiental y la democracia participativa de nuestro país, involucremonos, participemos y propongamos. Para eso, reiteramos, desde el Coyote Informativo, nuestro compromiso contigo de mantenerte siempre informad@, compartirte información relevante y abriendo siempre el diálogo.

Te mando un afectuoso saludo a la distancia. Hasta la próxima.

Referencias

SENER. (2016). Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177622/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_2016-2030.pdf