Uno de los mayores problemas que afronta nuestro país es el problema de la migración, un evento complejo y que requiere una respuesta multifactorial. El analizar la movilidad de las personas mientras se trata de asegurar su seguridad, la elección de las mejores políticas para proteger a los migrantes y el país receptor, y todo esto hacerlo bajo una perspectiva de inclusión es un trabajo difícil, más desde el ambiente de desesperación provocado por la pandemia. El tema se vuelve más turbulento al momento de tomar en cuenta los derechos de los migrantes, la soberanía del país de tránsito (México) y del país receptor (Estados Unidos), sin olvidar los posibles acuerdos internacionales entre dichos países.

El incremento de la migración de tránsito irregular en México aumentó a partir del 2019, cuando el efecto de las caravanas se hizo aparecer por primera vez en el plano internacional. Las caravanas estaban compuestas por migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, este suceso se convirtió para México en un mayor problema de seguridad al aumentar al doble el flujo migratorio, ya que no contábamos ni contamos con una buena estructura migratoria.

Lamentablemente, la primera gran oleada migratoria del 2021 vuelve a aparecer en los periódicos internacionales. El pasado viernes, 6.000 migrantes provenientes de Honduras lograron entrar a territorio guatemalteco. Sin embargo, fue hasta el día de ayer que aumentaron las tensiones cuando la policía antidisturbios y el ejército de Guatemala lanzaron gases lacrimógenos y disparos a miles de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. La respuesta por parte del gobierno guatemalteco es deplorable. Deja en evidencia la falta de estructura e interés por parte de las autoridades tanto centroamericanas como norteamericanas para fortalecer las instituciones y políticas migratorias y ofrecerles a los migrantes centroamericanos una mejor oportunidad de alcanzar sus deseos de trabajar en un país con mejores estándares de vida.