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Nacional
PANAUT: privacidad y delincuencia
Tess Vázquez
11 de Mayo de 2021
El Padrón como arma principal contra el delito de extorsión pareciera reflejar una múltiple violación a los derechos de los mexicanos, pero nada impactante para atacar a la delincuencia
Estos últimos meses, nuestro flamante H. Congreso de la Unión decidió cerrar con broche de oro su periódo ordinario de sesiones con leyes que hacen que a muchos se les pongan los nervios de punta, incluidos obviamente los “servidores de la mafia”, mejor conocidos como Jueces de Distrito que resolverán en vía de amparo aquellos inconvenientes que ya quedaron plasmados en el DOF y que podrían ser un riesgo potencial para todos nosotros.
Allá por 2009 se estaba promulgando lo que conocemos como RENAUT: el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Gracias a esa reforma a la Ley de Telecomunicaciones es que las compañías proveedoras empezaron a recopilar la siguiente información: nombre completo, domicilio, nacionalidad, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio actualizado y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente. Pareciera que estuviéramos viviendo una especie de déjà vu colectivo porque OTRA VEZ se está promulgando un registro para que entreguemos nuestros datos ciegamente a Telcel, AT & T, Movistar, et al.
El recién nacido Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) busca lo mismo que su extinto hermano mayor RENAUT: cortarle medios a la delincuencia organizada dada la alza en delitos como la extorsión. Cualquiera creería que si RENAUT ya nos falló, al no sólo NO impedir que crecieran los números, sino incrementando, los legisladores optaron por alternativas que no pusieran más en riesgo a los mexicanos, más optaron por la vieja confiable de promulgar lo mismo, pero sólo en una versión todavía más restrictiva.
Si bien es cierto que existen muchos países en el mundo que han optado por utilizar padrones de telefonía donde se pueda tener más control sobre “el mal uso” que pudieran darle los portadores de celulares, también es cierto que la realidad mexicana dista mucho de ser replicable y que sólo copiar legislaciones sin tomar en cuenta la coyuntura propia de tu país es una fórmula destinada a fracasar.
Fuente: infochannel.info
Posterior a que se aprobara en el Congreso dicha ley, miembros de la oposición, ONGs, académicos, bueno HASTA EL INAI, salieron a denunciar propiamente cómo PANAUT no sólo no era eficaz, sino que iba contrario a derechos humanos. ¿Pero por qué es peligroso el Padrón? En primera instancia, se agregan un montón de datos sensibles a lo que ya se nos pedía como condicionante a poder tener un servicio de telefonía, entre estos nuevos requisitos se encuentran: iris, tono de voz, facciones del rostro, firma…todo ellos que pueda entrar bajo la leyenda de “datos biométricos”. Sin embargo, hace unos años (2010) se dio a conocer que su antecesor, que justo los datos recabados por las compañías entraron a la venta al mejor postor en el internet, vulnerando a los ciudadanos que solamente buscaban tener un teléfono.
En esta nueva era donde hasta tu cuenta de banco te pide identificación por voz o que tu celular ya esté asociado con tu cara. Te vulnera en 2 sentidos: asume que todo lo que se haga con tu teléfono está asociado a ti o que, en caso de una nueva filtración, puedan quedar vulneradas muchas otras cosas a manos del crimen organizado. Estos dos motivos podrían ser los más evidentes, pero existen razones un más profundas por las cuales no se debería de promulgar una ley así y tienen que ver con derechos humanos: el derecho a la privacidad, el derecho a las comunicaciones, los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales) e incluso derecho a la propiedad.
En las últimas semanas se han hecho virales amparos por todos lados que buscan impedir que esta ley nos afecte. A pesar de todavía no existir lineamientos claros de su aplicación, no es difícil vislumbrar el cómo ya nos está afectando. Hablaré de mi experiencia personal, la semana pasada acudí a AT & T a consultar qué opciones de plan existían para poder continuar con mi servicio, recalcó que era solamente una consulta. La persona encargada procedió a tomarme mis datos, mis huellas, dos referencias personales, mi firma, mi foto e identificación (a la que además le sacó copia), sólo para poderme decir que el plan salía en X pesos. Parecería ser algo sin importancia, pero no puedo recordar ningún otro servicio que por la simple consulta de tarifas te pida tanto requerimiento y además quién sabe a dónde van a parar esos datos, más cuando aún no eres cliente de esa compañía.
Imagen tomada del El Sol de Toluca
Violaciones en derechos humanos suena muy abstracto, pero concretamente hablaremos sobre qué podría pasar basándonos en experiencias internacionales en el tema. Para empezar, la mayoría de los países que han optado por estas medidas extremas tienen graves problemas con células terroristas o relacionado con legislación de tal índole como Bélgica, Polonia y Túnez. Asimismo, otro factor común son gobiernos con fuertes mecanismos de sumisión hacia su población o controles severos que hacen que cuestionemos la idoneidad de esta medida como Myanmar, China, Tailandia, Colombia o Brasil. Todos conocemos que el crimen organizado ha invadido esferas nunca antes vistas en nuestra vida diaria, más no parece existir un nexo causal entre la incidencia delictiva reflejada en el delito de la extorsión y la invasión a la privacidad de absolutamente todas las personas del país.
Dentro de la exposición de motivos de la Ley mencionada, se dice que la medida busca combatir el uso de telefonía celular proveniente de las cárceles, dado que de ahí se han originado gran parte de las extorsiones. IFT ha estimado que desde las cárceles 5 millones de llamadas salen cada año y, según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el 80% de las llamadas de extorsión tienen su origen en las cárceles, sobre todo en los centros de Ciudad de México, Estado de México, y Tamaulipas.
Es bien conocido que el sistema penitenciario, además de no cumplir con su función de reinserción social, se encuentra plagado de corrupción, abusos y como su propio sistema normativo ahí dentro. Pareciera ser que no sólo incurrimos en costos para la implementación de un padrón reforzado que no ha servido para inhibir el delito, sino que una vez más desviaremos el problema hacia algo que no es la raíz ni el fin en el largo plazo.
Nuestras cárceles han fallado en fungir como esos centros que el sistema punitivista nos dijo que serían: centros de readaptación social. En la mayoría de ellos existen condiciones deplorables, sobrepoblación, narcomenudeo, corrupción, falta de recursos (o al menos no se ven reflejados en las condiciones en las que viven los reclusos), riñas, extorsión e incluso han existido hasta homicidios.
Según datos de una investigación reciente de Animal Político realizada en 2020, existe 43.6% de las cárceles en nuestro país en condiciones de hacinamiento, 28 estados de la República reportan alza en población en cárceles y un 7% de incremento total a nivel nacional. Esto implica que el alto número de personas haga aún más difícil poder establecer condiciones de gobernabilidad dentro de los centros.
A menos que optemos por un sistema que tenga menos predilección por las cárceles, incrementemos el número de centros y/o inyectar más recursos a los centros penitenciarios existentes no podrán mejorar las condiciones en las que se encuentran hoy en día y por ende, será casi imposible erradicar de lleno que las personas dentro reinciden en delitos de extorsión y mucho menos que tengan acceso a celulares. El hecho de que busquemos un control generalizado de la población para evitar que las personas en centros penitenciarios delincan, resulta poco idóneo cuando existen vertientes que tendrían un impacto directo y se pueden reducir a inversión y capacitación.
Tomemos como ejemplos los inhibidores de señal, su actualización y mantenimiento (ya que sólo 21 de 294 centros los tienen, según datos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana); evitar en la mayor medida de lo posible la prisión preventiva para disminuir la población de las cárceles; capacitación y depuración de los elementos del personal a cargo con el fin de evitar abusos, colusión e incluso facilitamiento de los celulares; inversión en pro de de un sistema que en verdad apunte por la reinserción.
Las opciones antes mencionadas en verdad mejorarían las condiciones de vida para las personas en los centros y abordaron directamente el tema de las extorsiones provenientes de las cárceles que buscaban atender con el PANAUT. De no atender los problemas que dan vida al crimen organizado tanto dentro como fuera de las cárceles, el PANAUT sólo nos dejará en completa vulneración al poder tener acceso potencial a todos nuestros datos, tal como existió en 2010.
Imagen de thecryptolegal.com
Lo cierto es que en esta era de interconexión donde a cualquier momento estamos expuestos al robo de datos personales y violaciones a nuestra intimidad, se sumamente gravoso que sea el propio gobierno quien proponga una nueva intromisión no justificada a nuestra información personal. El hecho es que México se encuentra dentro de la lista de países con mayor corrupción y mayor incidencia delictiva, por lo que cualquier Padrón, base de datos o registro que conglomere el acceso a la información de la ciudadanía queda expensas a ser comprada por el mejor postor en el mercado.
Es ilusorio creer que el seguir con las mismas medidas restrictivas y violatorias a nuestros derechos vaya a traer resultados distintos. El camino propio para acabar, no sólo con el delito de la extorsión, sino con todos en general (o al menos disminuirlos) es apostar por mecanismos de seguridad, de generación de oportunidades y de erradicación de la desigualdad.
Un padrón como el propuesto no sólo se ve limitado nuestro derecho a adquirir una vía de comunicación, sino que propiamente condicionan este acceso a exponer nuestros datos y ser vulnerables a las mismas condiciones que presenta el status quo donde hay ineficiencia en datos personales. Tomemos como ejemplo todas las llamadas que nos llegan de bancos, compañías de teléfono o servicios a los cuales NUNCA les dimos acceso y aún así llegaron a nosotros, ese mismo ejercicio puede replicarse. Ahora sumaremos el componente de proporcionar datos biométricos y se suma la asunción de que la propiedad del teléfono y todos los actos relacionados al mismo se le atribuyen a la persona registrada….
Esto nos deja a expensas de que cualquier llamada o mensaje que se realice se ligara al usuario registrado en un país donde a diario roban al menos 60 celulares sólo en la Ciudad de México (se debe tomar en cuenta que sólo el 1% de los delitos de robo de celulares se denunciaron según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX) y más de mil teléfonos robados al año son asociados con delitos de extorsión o para amenazas de secuestros. Por lo que ahora cualquier ciudadano promedio pudiera estar expuesto a ser asociado con la actividad delictiva por haber sido robado y ya existe la presunción de que tienen algo que ver con el delito, violado así un derecho más: la presunción de inocencia.
De tal suerte que el optar por este padrón sería tapar el sol con un dedo y exponernos a todos si es que no se toman las medidas pertinentes para poder erradicar las condiciones que hacen del delito la cotidianeidad en México. Es un grave error forzar a tu población a renunciar a la privacidad de sus datos ante un Padrón que no se sabe ni quién ni cómo se almacenará y protegerá. El INAI, organismo encargado de la protección y acceso a la información en nuestro país, ha condenado gravemente esta ley pues reconoce no sólo las violaciones graves en atribuciones a sus funciones (al haberse propuesto en relación a telecomunicaciones, atribuciones del IFT), sino porque ve el riesgo potencial en la violación a los derechos humanos de la población en general y en la exposición innecesaria que traería consigo.
Por esta razón es que han despertado los radares a nivel nacional desde la misma sociedad civil para intentar darle armas a la ciudadanía para protegerse vía jurisdiccional a través de un juicio de amparo. En un tinte menos fatalista, esperemos que las personas encuentren una opción para protegerse a través de la ley misma y que PANAUT no se traduzca en un atropello más a nuestro derechos humanos justificado por un intento débil en contra de la delincuencia.
