Mujeres protestando por el derecho a decidir / Imagen de Luiscardenas.mx

Política, Coyote Nacional

Marea Verde avanza tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Gisela Ramírez

08 de Septiembre de 2021

El día 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución donde se declara inconstitucional criminalizar el aborto, ya que al penalizarlo se están violando los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes. A continuación te explicamos qué dijeron los ministros y ministras y cómo esta decisión impacta en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal del país y se encarga de liderar al Poder Judicial. La misión de este órgano es salvaguardar los derechos humanos y encargarse de que se respete lo establecido en la Constitución; entre sus funciones está resolver controversias constitucionales a través de una perspectiva donde se ponderan los derechos humanos contenidos tanto en la misma, como en los tratados internacionales que México ha suscrito.

La SCJN se integra por 11 ministros, que se organizan de dos maneras: las salas -que se componen de cinco ministros cada una y revisan materias en específico- y el pleno -que es integrado por todos los magistrados y las resoluciones se toma por mayoría de votos-. Con este contexto respecto al funcionamiento de la SCJN, es preciso puntualizar en el tema que nos compete.

Ministros en el Pleno de la Suprema Corte. / Imagen de masdeaca.com


El Pleno de la Corte invalidó el artículo 169 del Código Penal del estado de Coahuila. En este numeral se imponía una pena de hasta tres años de cárcel a las mujeres, o personas gestantes, que se practicaran un aborto, así como también a las personas que ayudaran a practicarlo. Asimismo, se invalidó el artículo 198 del mismo código que impedía a las mujeres ser asistidas por el personal medico tras un aborto voluntario, el artículo 199 que criminalizaba el aborto y el artículo 195 que estipulaba: “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”.

Ministro Arturo Saldivar durante el Pleno de la Suprema Corte. / Fuente: JusticiaTV


Entre los argumentos vertidos por las y los magistrados de la SCJN se encuentran:

“No se castiga el aborto, se castiga la libertad sexual de la mujer y eso también es inconstitucional” de la Ministra Piña quien hace especial énfasis en que el tipo penal del aborto es una manera de castigar la libertad sexual de la mujer y prueba de esto es que en la legislación hay supuestos donde el aborto está permitido -como inseminación artificial o por violación-. La ministra hace especial énfasis en que no se puede usar el aborto como un castigo para las mujeres que deciden ejercer sus derechos reproductivos y vivir de manera libre.

“Las creencias religiosas no pueden ser usadas por el Estado para limitar derechos humanos” y “En un estado laico, la defensa de la autonomía y privacidad de las mujeres debe ser incondicional de acuerdo a su plan de vida” ambas frases de la Ministra Piña donde hace especial énfasis en la laicidad del Estado y como no se puede condenar a mujeres bajo parámetros religiosos si estas quieren ejercer autonomía sobre su cuerpo.

"El tipo de aborto castiga sobre todo a las más pobres, marginadas, olvidadas y discriminadas de este país, es un delito que sobre todo castiga la pobreza.", comentó el Ministro Saldivar. También recordó que, el aborto se practica independientemente de si este está permitido o no y que hay una brecha de desigualdad enorme entre las personas que tienen la facilidad económica de movilizarse a un estado donde el aborto es legal. Esto por que puede practicarse de forma segura y quienes no tienen los recursos necesarios para hacer esto, tienen que someterse a los riesgos de la clandestinidad.

Mujeres protestando por el aborto legal, seguro y gratuito. / Imagen de nodal.am


Entonces ¿el aborto es legal a nivel nacional?

No realmente, el aborto sigue tipificado en los códigos penales de las diversas entidades -a excepción de la CDMX, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz-, pero con esta resolución, la SCJN estableció un criterio que debe ser seguido por todos los jueces a nivel nacional, donde se establece que el Estado no puede sancionar el aborto cuando se realiza con el consentimiento de la persona gestante.

Para entender mejor la resolución es necesario hacer una distinción entre “legalización” y “despenalización” del aborto. Legalización se refiere a que una conducta previamente prohibida por la ley pase a ser permitida; mientras que despenalización se refiere a quitar la pena a cierta conducta.

Con esta resolución, solamente se asegura que quienes aborten, no sean encarceladas o reciban algún tipo de pena, pero según los Códigos Penales de los Estados, este sigue siendo un delito; por lo tanto el acceso a la interrupción del embarazo sigue siendo altamente restringida y solamente se puede hacer de manera “legal” en los estados previamente mencionados.

Se llegó a esta resolución argumentando que la criminalización atenta de manera directa contra los derechos reproductivos, y consecuentemente, los derechos humanos. A partir de ahora, los y las juzgadoras tienen la obligación de aplicar estos argumentos de la SCJN para decidir respecto a los casos de aborto que conozcan, es decir, ningún juez o jueza puede encarcelar a quien decida abortar.

Asimismo, es importante hacer mención de que esta resolución da la pauta para que las y los legisladores de los estados donde el aborto está tipificado puedan despenalizar el aborto consentido a través de los criterios establecidos por la SCJN.

Si bien, es cierto que todavía falta un largo camino por recorrer para asegurar en su totalidad los derechos sexuales y reproductivos -que también son derechos humanos- en México, con esta resolución se está dando un paso histórico para lograrlo.

También, es importante reconocer que esta resolución es tanto un mérito de las y los ministros de la SCJN que se pronunciaron a favor del derecho a decidir, como del esfuerzo de años de lucha y exigencia por parte de las mujeres y colectivas feministas que han creado un eco en la sociedad y han abierto los espacios para hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.