El 29 de junio, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ex miembro del Consejo de Administración del grupo empresarial OHL y parte del equipo de campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto aceptó su extradición a México desde España. En México se le imputan los cargos de lavado de dinero y corrupción por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y los sobrecostos de la rehabilitación de plantas de nitrogenados de la filial de PEMEX, Agro Nitrogenados. No obstante, se prevé que su extradición sea para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) y cooperar con las investigaciones pertinentes que buscarán a los demás culpables.

Desde 2019 la FGR obtuvo la orden de aprehensión en su contra, pero fue hasta febrero de 2020 que Lozoya fue capturado en Málaga, España. Algunos medios nacionales prevén que él haya aceptado su extradición dada la conveniencia de cooperar con las autoridades mexicanas y así, poder reducir su condena. Lozoya enfrenta lo que en teoría de juegos se llama “el dilema del prisionero”, dado que en caso de no colaborar con la FGR es probable que el ex director de PEMEX pase largos años en prisión si las autoridades comprueban su participación en los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados. Por otro lado, si él coopera y da datos importantes de los demás implicados, su condena puede bajar e inclusive algunas académicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM expresan su preocupación de que Lozoya Austin pudiera quedar libre y solo fuera requerido para ser testigo en contra de los implicados que hayan cometido delitos más graves que él.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha expresado su interés en conocer la información que pueda ayudar a conocer la red de corrupción que existía en PEMEX y que ayudó a hacer la “reforma energética” de 2013. Ello, dado que AMLO ha argumentado en repetidas ocasiones que la “reforma energética” desmanteló a PEMEX e hizo que esta empresa estatal perdiera su soberanía. Entre los nuevos implicados podrían encontrarse algunos ex legisladores del Congreso de la Unión y parte del gabinete de Peña Nieto.

La nula verdad histórica
Entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se dirigían a la Ciudad de México con vistas a participar en las marchas conmemorativas de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Sin embargo, los camiones de los normalistas fueron interceptados por miembros del cártel “Guerreros Unidos”, los cuales golpearon, mataron e incineraron a 43 estudiantes normalistas. La “verdad histórica” de Tomás Zerón, en aquel entonces el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue que un supuesto sicario de “Guerreros Unidos”, Felipe Rodríguez Salgado, mejor conocido como “El Cepillo”, fue el que ejecutó la orden de “El Gil”, lugarteniente del líder del cártel, Sidronio Casarrubias Salgado, dado que este se encuentra preso. Según las investigaciones “El Cepillo” obedeció las órdenes de sus superiores y fue el encargado de asesinar a los “sicarios” del grupo criminal opositor, mejor conocido como “Los rojos”. Rodríguez Salgado pensaba que había matado, con sus sicarios, a 43 miembros de “Los rojos”, no a 43 estudiantes normalistas.

Supuestamente los cuerpos se habían incinerado en el basurero de Cocula, Guerrero, pero el 21 de abril de 2016, después de investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó que no había forma que los cuerpos fueran incinerados en el lugar. No obstante, fue hasta el 7 de julio de 2020 que la FGR identificó, a través de los forenses de la Universidad de Innsbruck, los restos de Christian Alfonso Rodríguez en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula. Con ello se pone en duda la “verdad histórica” de la extinta AIC y la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Por otro lado, salieron a la luz nuevos videos de la PGR en donde Tomás Zerón interroga a “El Cepillo” y no respeta los derechos humanos del acusado. Además, la revista “Proceso” revela que la FGR documentó que miembros del Ejército Mexicano fueron sobornados para que los normalistas desaparecidos fueran primeramente interrogados en instalaciones militares y después fueron aprehendidos por “Guerreros Unidos”.
Fue por ello que la FGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió la extradición de Zerón de Canadá con vistas a aprehenderlo y enjuiciarlo por la detención arbitraria de varios testigos, la siembra de restos humanos en el Río San Juan (8 kilómetros al oeste del basurero de Cocula) y las inconsistencias en el caso Ayotzinapa.

Entre Duartes se entienden
Finalmente, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, le dio las gracias a AMLO por la detención del ex gobernador César Duarte en Miami, Florida. Desde que Corral empezó su gubernatura en 2016, se ha desmantelado la red de corrupción a la que pertenecía Duarte y el gobierno chihuahuense ha ejercido acciones penales en contra de 39 ex servidores públicos y empresarios, han recuperado más de 500 millones de pesos del erario público y un rancho de 29,000 hectáreas de Duarte. Las investigaciones continúan y tanto César como Javier Duarte siguen en la mira pública por las redes de corrupción que armaron en Chihuahua y Veracruz respectivamente.