El 26 de julio del presente año el jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Luis Alonso “N”, fue detenido al ser descubierto en su automóvil por elementos de la policía nacional junto con una niña de 10 años completamente desnuda.

Los oficiales se encontraban haciendo su vigilancia rutinaria por la zona de “El Salitrillo” cuando visualizaron al acusado junto a su vehículo. Notaron nerviosismo en el hombre, con intenciones de tapar el vidrio de la puerta del copiloto. Dentro se encontraba la pequeña, quien confirmó haber sido tocada en sus partes íntimas por Luis Alonso “N”.

El detenido fue trasladado al penal de Ixtapa acusado de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Sin embargo, el juez a cargo del caso Jorge Luis Solís Aranda, decidió no vincularlo a proceso por corrupción de menores debido a que la víctima “no sintió placer”.

Aún así, se determinó seguir vinculando a proceso al presunto agresor por el delito de abuso sexual infantil. Pero no pueden darle una condena mayor a seis años según el Código Penal de Jalisco con su nueva penalidad estipulada en el artículo 142-L donde solo se le dará entre cuatro a seis años de prisión si la víctima es menor de 12 años.

Lo más agravante del asunto es que el señor Aranda es prácticamente un juez nuevo del Centro de Justicia para las Mujeres. Jorge Luis Solís solo trata con casos de violencia de género.

Ante la indignación de muchas mujeres, colectivos feministas y ciudadanos en Puerto Vallarta, el domingo 16 de agosto salieron a protestar en las calles desde sus autos con titulares en sus vidrios frontales y traseros con la frase “Las niñas NO se tocan”. Esa misma frase se encuentra como hashtag en Twitter, donde el pasado domingo fue trending topic en México.

Ese mismo día el Consejo de la Judicatura decidió que el juez Solís Aranda sea destituido de su cargo y separarlo del caso de Luis Alonso “N” al desestimar el cargo de corrupción a menores contra el ex funcionario.

Según un estudio que realizaron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al año se presentan 5.4 millones de casos de abuso sexual a menores de edad, haciendo que México ocupe el primer lugar en abuso sexual infantil.

De igual forma, la secretaría de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia afirma que nuestro país genera el 60% de pornografía infantil en el mundo. Además, durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, este contenido incrementó un 73% por medio de internet y plataformas digitales.