Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Andrés Manuel López Obrador / Imagen de El Economista

Nacional, Opinión

La reforma inconstitucional de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación

Nicole Huerta Herbosch

19 de Abril de 2021

La Cámara de Senadores aprobó leyes y reformas que buscan reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial, las cuales son una violación al artículo 97 constitucional, párrafo cuarto, actualmente en vigor y otros principios constitucionales.

El jueves 15 de abril, el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial, la cual obtuvo 92 votos a favor, 19 votos en contra, que en su mayoría fueron del partido Movimiento Ciudadano y algunos legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido del Trabajo (PT), y dos abstenciones.

La Cámara Alta aprobó el dictamen que expide: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. El objetivo de estas propuestas es “erradicar el nepotismo, la corrupción, la discrecionalidad y el hostigamiento sexual, así como garantizar la independencia, imparcialidad, estabilidad, profesionalización, especialización de los servidores públicos en este sector” afirmó la Cámara Alta. Pero no todos están muy seguros de esto, ya que hay quienes sostienen que eliminará la autonomía de los jueces y magistrados, concentrando el poder en una sola persona. ¿En quién? En el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la ley también contempla que su mandato se extienda dos años más. Con esta reforma, Arturo Saldívar dejaría el cargo en el 2024, al mismo tiempo que el presidente López Obrador, algo que no cayó en gracia de muchas personas.

A través de un comunicado oficial, el Consejo de la Judicatura Federal informó este jueves 15 de abril a la opinión pública que ven con buenos ojos casi la totalidad de los cambios realizados a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

La reforma al poder judicial modifica:
- La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123.
- La Ley Federal de Defensoría Pública
- La Ley de Amparo, reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.


¿En dónde entra la inconstitucionalidad?

Arturo Zaldívar fue electo en enero de 2019 por un periodo de cuatro años, tal como se establece en artículo 97 de la constitución. Y, sin embargo, la iniciativa que aprobó el presidente de la Corte de extender su mandato hasta el 30 de noviembre de 2024, misma fecha en la que López Obrador dejará el poder, habla de una violación a dicho artículo de la Constitución.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la ley suprema de nuestro país, por lo tanto, ninguna ley o acto de autoridad pueden restringir las garantías o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El artículo 97 párrafo cuarto establece: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. Constitucionalmente, Zaldívar puede ser presidente de la Corte hasta enero de 2023, y no hay reforma legislativa alguna que pueda válidamente alterar lo que la Constitución señala con claridad.

Además de violar directamente el artículo 97 de la Constitución, la reforma viola otros principios constitucionales. El primero de ellos es el de independencia judicial, y en segundo lugar, la reforma viola el artículo 13 de la Constitución, que señala que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas”. Al interpretar este artículo, la Suprema Corte ha sostenido, de manera constante y reiterada, que son inconstitucionales las leyes que tienen nombre y apellido, esto es, que solo buscan afectar la situación jurídica de un número predeterminado y previamente definido de casos. Por el momento y forma en que fue aprobado el artículo transitorio de la reforma, es evidente que las y los senadores sabían de antemano y con total certeza el nombre de la única persona que se beneficiaría con la ampliación: el presidente Arturo Zaldívar. Es evidente, que estamos frente a una ley privativa y, por tanto, contraria al artículo 13 de la Constitución.

El Consejo de la Judicatura Federal hizo hincapié en este artículo, ya que no se realizó una deliberación específica y por tanto se espera que sea modificado, de lo contrario emitirán un nuevo anuncio. Por su parte, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es "un golpe de Estado al Poder Judicial".

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acusó la acción como un "madruguete" de los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lleva una buena relación con Zaldívar.

En tanto, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que "el procedimiento violenta no solo la Constitución, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento, sino de manera más grave la confianza con la que se ha venido trabajando en este Senado, y en particular en la Comisión de Justicia".

Asimismo, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, adelantó el domingo 18 de abril que si la Cámara de Diputados respalda la ampliación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta el 2024, presentarán una acción de inconstitucionalidad contra lo que calificó como un “albazo legislativo”.

Con esta reforma, una vez más se acrecienta el debilitamiento del sistema democrático mexicano. Es evidente que la oposición se encuentra débil y dividida. El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado a lo largo de su mandato debilitar las instituciones y los contrapesos mediante leyes que están cuestionadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy en día están pendientes de resolución más de 40 controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.