El miércoles 2 de septiembre madres y padres de personas desaparecidas, asesinadas y que fueron abusadas sexualmente tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ello fue causado porque la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra le pidió a Marcela Alemán, madre de una niña de siete años que fue violada en preescolar, que por favor regresara a San Luis Potosí a seguir con el proceso penal en contra de María Teresa de Jesús Rodríguez Galván e Ivette del Carmen, agresoras de la víctima. Alemán ya había recibido amenazas de muerte e inclusive el Estado no le ha permitido a su hija seguir con sus estudios y tener una calidad de vida. El gobierno no hace nada y, al parecer, Piedra Ibarra tampoco lo hará. Fue por dichas acciones que Alemán se atrincheró en una silla de la sala de juntas de la CNDH nacional, en el centro de la Ciudad de México, para protestar en contra de las actitudes que han tenido, tanto el gobierno como la organización más importante en materia de derechos humanos en el país, con su caso y con los casos de miles de personas a las cuales no se les da una respuesta.