corrupcion_Amaya_Mexico_ciudadanos_politica

Corrupción / Imagen de FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Nacional, Opinión

Esto también es corrupción

Tess Vázquez

8/Febrero/2021

Existen ocasiones donde el derecho político a ser votado atenta directamente con nuestro derecho humano a vivir en un medio ambiente sin corrupción.

La corrupción parece ser esa horrible característica que ha perseguido no sólo a nuestra política, sino que ya hasta parece ser un mal endémico del mexicano. Se nos ha hecho fácil tachar de corruptos a diestra y siniestra a funcionarios por el simple hecho de pertenecer a un sistema partidista que, siendo realistas, por muchos años nos ha quedado a deber como votantes. Sin embargo, más allá de esa política de compra y venta de lealtades a la que llamamos corrupción, existen muchas prácticas desleales que atentan contra nuestra democracia y que no han entrado en esta categoría, pero nos hemos visto bastante lentos en reconocerlo.

Primero, ¿qué es corrupción? Según el portal de la Secretaría de la Función Pública, podemos llamar corrupción a aquello que “consiste en el abuso del poder para beneficio propio”. Una definición un poco más robusta puede ser la tomada del fallo 216/2019 del Noveno Tribunal Colegiado de la Ciudad de México.

En esta se estableció que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de corrupción consistía en: “la existencia de responsabilidades administrativas que tienen como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y, por ende, establecer, a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”. Esto nos deja claro que la intención de proteger a los ciudadanos de la mala práctica de gobierno para poder garantizar de ahí el ejercicio de todos los demás derechos.

corrupcion_Amaya_Mexico_ciudadanos_politica

Imagen sobre la comparecencia de Jorge Amaya, entonces candidato para Comisionado en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) . / Imagen de Matutino Gráfico

Si bien nuestros políticos en el agregado dejan mucho que desear, en los últimos años hemos podido ver más expuestos a aquellos funcionarios que simplemente no dan el ancho suficiente como para ocupar ciertas posiciones clave en el aparato de gobierno.

Es un hecho indudable que el artículo 35 constitucional da el derecho a cualquier ciudadano de ser elegido (votado) para cualquier cargo de elección popular. Atendiendo a las características propias de nuestra población, hay una diversidad inmensa en nuestro país. La desigualdad en cuanto a acceso a oportunidades también requiere que existan normas que den un piso parejo a ser candidatos elegibles. Más, ¿qué pasa para puestos que requieren especificidad técnica?, ¿qué pasa cuando las personas que elegimos vulneran nuestro derecho a un medio ambiente libre de corrupción?

Si traducimos el símil a la esfera privada, las personas nos sujetamos a leyes que posibilitan despedirnos en caso de falsear información al momento de aplicar a un puesto de trabajo o por no cumplir con los requerimientos dentro de un periodo determinado.

Sin embargo, cuando hablamos de personas que conforman el aparato estatal, pareciera ser que se solapan bajo los procesos burocráticos conducentes para poderlos destituir en caso de no cumplir con las tareas que deberían desempeñar. Ahora, si pasamos a aquellas personas que se encuentran en la nómina del Estado pero que no cuentan con las calificaciones suficientes para estar en los cargos a los que aspiran, nos sorprenderíamos del riesgo inmenso en el que los tomadores de decisiones nos exponen.

Hablemos de ejemplos de este sexenio. La imagen anterior, tomada del momento donde Jorge Amaya responde a una pregunta sobre qué eran los Certificados de Energías Limpias (CEL), enseñó su celular cuando buscaba un puesto en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Para poder ser candidato siquiera, éste debió ser nominado por el Ejecutivo Federal como persona elegible para un puesto que se encargaría de guiar el curso del sector energético nacional.

Otros ejemplos en el campo de la elección popular resultan los diputados con origen en la farándula como Carmen Salinas, Sergio Mayer, Ernesto D’Alessio, Geraldine Ponce, entre otros. Si bien estos últimos mencionados resultaron electos en las urnas, analicemos la labor importante con la que cuenta un legislador. Los legisladores deben construir el marco normativo que establece lo permitido y no permitido en nuestro país que requiere cierto conocimiento técnico en cuanto a técnica legislativa y legalidad.

Aún cuando existan asesores destinados a auxiliar a los congresistas, es importante reconocer que nuestros funcionarios, tienen el deber de hacerlo de una manera “correcta y cabal desarrollo de la función administrativa”. Esto resulta difícil de creer de personas que no cuentan con la formación necesaria para desempeñar al 100% su papel.

Es cierto que nuestra población requiere representantes que reflejen a la población en su totalidad. También, es cierto que todos los ciudadanos mexicanos contamos con igualdad de condiciones para poder ser electos. Si se limitara el derecho universal a ser votado, sería negar la existencia de desigualdades estructurales en nuestro país que impiden a muchos llegar a posiciones de poder.

Como ciudadanía debemos realizar un escrutinio estricto de aquellas personas que nos representan. Cada acción que ellos toman en nuestro nombre al encabezar alguna función de gobierno puede vulnerar nuestros otros derechos en caso de que no se realice la pericia suficiente al momento de participar en la función pública.

Así, el sector civil se convierte en el contrapeso adecuado. Podemos exigir a todos los niveles de gobierno el cumplimiento del juramento hacia la nación que tomaron y asegurar que el dinero que aportamos por medio del herario público se vaya a las manos de aquellos funcionarios que sí garantizan un mejor México para todos. Si bien el Poder Judicial nos ha habilitado a combatir por esa vía nuestro derecho al medio ambiente sin corrupción, dista mucho de poderse aplicar al momento del nombramiento de funcionarios. Debemos de recurrir a esta herramienta bajo el riesgo de una aplicación negligente de la administración pública.

En la convención en contra de la Corrupción de las Naciones Unidas conocida como la Convención de Mérida, la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA, el Sistema Nacional Anticorrupción y el régimen de responsabilidades de los servidores públicos encontramos mecanismos que hacen contrapeso a la actuación de gobierno. No obstante, como ciudadanos es nuestro deber detectar a tiempo aquellos pequeños deslices que en el agregado pueden impedirnos el goce temporal o total del ejercicio de nuestros derechos al no contar con autoridades propiamente preparadas para velar por nuestros derechos.