Logo de Amnistía Internacional. / Imagen de Radiosferad.com
Política, Coyote Global
El diagnóstico de México según el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional
Gisela Ramírez
08/Abril/2021
Amnistía Internacional se encarga de diagnosticar el estado de los derechos humanos en el mundo. En este artículo se analizará cómo le fue a México.
El pasado 7 de abril del presente año, Amnistía Internacional publicó su reporte donde analiza la situación de los derechos humanos en 149 países; entre los países estudiados se encuentra México. Durante el 2020, la situación mundial cambió drásticamente debido a la propagación del COVID-19, y, desafortunadamente, este fenómeno propició un aumento en las brechas de desigualdad socioeconómica. Dichas desigualdades resultaron en numerosos contagios y muertes a nivel mundial, por lo que los Estados tuvieron que comenzar a tomar decisiones respecto a cómo se manejaría la pandemia.
¿A qué se le daría prioridad? ¿Qué tendría que ser recortado para mantener el país a flote? ¿Qué repercusiones tendrían las políticas de autoridad? Todas estas fueron incógnitas que a lo largo del año fueron contestadas por los gobiernos considerando el contexto en el que se vivía.
Con la llegada de la pandemia, se ha puesto en evidencia que como comunidad mundial no estábamos preparados para un reto de esta magnitud y que precisara un compromiso de todos. A lo largo de este artículo se estudiará el diagnóstico presentado por Amnistía Internacional respecto a cómo se viven los derechos humanos en México, en un contexto de pandemia que nos ha obligado a todos a cambiar nuestro estilo de vida, a adaptarlos a la nueva normalidad y, hasta cierto punto, ha cambiado nuestras instituciones y su dinámica.
COVID19 // Imagen de Bluepearlvet.com
En cuanto al contexto general, la situación de México no ha sido del todo favorable para el enfrentamiento a la pandemia. La primera reacción del gobierno mexicano fue recortar el gasto público en diversas áreas; al mismo tiempo, el personal sanitario denunció la carencia de los equipos de protección necesarios para garantizar un entorno laboral seguro. Por otro lado, aumentaron las denuncias de violencia contra la mujer; las detenciones arbitrarias se mantuvieron en aumento y esto dio pie a homicidios ilegítimos.
Para comenzar, la realidad que el personal de salud ha vivido ha sido completamente diferente a la del resto del país. En numerosas ocasiones, los médicos vivieron agresiones por parte de la ciudadanía en las calles y en el transporte público. De igual manera, en reiteradas ocasiones expresaron que en México no existían los recursos suficientes para enfrentar la pandemia, e hicieron hincapié en que era nuestra responsabilidad como ciudadanos cuidarnos para evitar que los enfermos superaran la capacidad de los hospitales. En total, fallecieron 2,397 profesionales de la salud por COVID-19.
Profesionales de la salud mexicanos. / Fuente: lagq.com
La violencia contra la mujer también aumentó a lo largo del 2020. En dicho año se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres de los cuales solamente 969 fueron investigados como feminicidios. El Estado de México registró la mayor cifra de feminicidios, seguido de Veracruz. Las llamadas al 911 para denunciar actos de violencia aumentaron a un total de 260,067 para diciembre de 2020. El Instituto Nacional de las Mujeres recortó el 75% de su presupuesto en julio, mientras el presidente y diversos funcionarios políticos seguían minimizando la situación de violencia hacia la mujer.
En septiembre, familiares de mujeres asesinadas tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a manera de protesta por la falta de avances de las autoridades para dar respuesta a sus casos, ni se daban soluciones de las autoridades respecto a los temas de violencia contra la mujer. A pesar de que hubo un total de 21 alertas de violencia de género vigentes en 18 estados, estos mecanismos no parecieron favorables.
Mujeres protestando el 8 de marzo // Fuente: Cultura Colectiva
En cuanto a la situación de la violencia en México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por las muertes de Giovanni López Ramírez, el 5 de mayo del 2020 en manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos; Arturo Garza en el estado de Tamaulipas el 3 de julio, quien murió en una operación de las fuerzas armadas; y la muerte de Jessica Silva en Delicias Chihuahua, en manos de la Guardia Nacional. Estas muertes -por citar algunos ejemplos- fueron clasificadas como homicidios ilegítimos del Estado.
Tras este análisis es posible ver que el estado de los derechos humanos en México es deficiente, y a pesar de que existe la inquietud de la ciudadanía por participar y hacer de México un mejor país, estos esfuerzos se ven mermados debido a las acciones y omisiones del Estado.
