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Fuente: OEA

Coyote Global

El Gobierno de Bolivia rechazó la Carta de la OEA y rechazó la injerencia en asuntos propios de la nación sudamericana

Nicole Huerta Herbosch

19/Marzo/2021

El pasado lunes, 15 de marzo, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un comunicado que resalta la preocupación de diversos organismos internacionales sobre la situación que actualmente se está viviendo en Bolivia.

¿Qué está pasando en Bolivia? La justicia boliviana emitió el viernes 12 de marzo, una orden de arresto contra Jeanine Áñez, la expresidenta del país, así como órdenes en contra de cinco de sus más cercanos exministros. Y como no había tiempo que perder, la expresidenta fue arrestada en la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, acusada de “sedición y terrorismo”. Puesto que las autoridades de Bolivia la señalan como responsable de los sucesos durante las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su exilio, primero en México y luego en Argentina. Para muchos, lo que ocurrió en aquellos momentos fue un golpe de Estado, por lo que una jueza determinó imponer a Jeanine Áñez una prisión preventiva de cuatro meses, mientras avanza su proceso judicial. Mientras tanto, Luis Arce, presidente de Bolivia, está buscando a Williams Kaliman, el que fue, en ese entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y quien le pidió a Evo Morales que dejara el poder para evitar una escalada de violencia aún mayor.

No fue hasta el miércoles 17 de marzo, que el Gobierno Plurinacional de Luis Arce, respondió públicamente a las denuncias emitidas por la OEA sobre las actuaciones de la justicia del país, señalando que la OEA presenta "posiciones que denotan injerencia e intromisión en los asuntos internos" del país. En el comunicado, Bolivia hace un llamado a los Estados miembros a defender la carta de la OEA, que privilegia la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el diálogo y la negociación. En este sentido, ratifican que es preciso reconducir las acciones de la Secretaría General a los principios fundamentales del organismo para la construcción de un multilateralismo que favorezca el bienestar y la dignidad de los pueblos.

Asimismo, la OEA aprovechó para anunciar que se tiene la intención de crear una Comisión Internacional para reformar la justicia boliviana, para así poder investigar la supuesta corrupción del gobierno del expresidente Evo Morales por lo que la Cámara de Senadores expresó su malestar por la intención de dicha organización, ya que, prácticamente quiere hacerse cargo de varias de las funciones del Estado boliviano. Una de ellas, la de administrar justicia, inhabilitando el Poder Judicial de Bolivia.

La oposición política defendió que la OEA declare incapacitado al Poder Judicial para ejercer en este país, por lo que exige cesar acciones judiciales por el golpe de Estado y las secuelas de extrema violencia. Julio Romaña, senador por el partido de oposición expresó “su rechazo absoluto y disidencia con cualquier resolución que emita el pleno de la Cámara de Senadores que menoscabe o rechace el accionar de organismos internacionales en su labor mediadora”. La Resolución de la cámara rechaza la injerencia en los asuntos internos, rechaza de manera contundente y categórica las acciones intervencionistas y exige respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo boliviano. Además, el Senado de Bolivia lanza una amenaza que las acciones de Almagro son reprochables y no quedarán impunes y solicita a los países miembros investigar y reconducir las acciones del secretario general, porque “ha perdido toda objetividad y legitimidad al asumir un posicionamiento absolutamente político y personal frente a las diferentes problemáticas de los países de la región”.

Otros organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también han mostrado su preocupación sobre la situación actual en Bolivia. El secretario general de la ONU, António Guterres, habló el jueves 18 de marzo, con el presidente de Bolivia y le recalcó la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar juicios justos tras las detenciones de la expresidenta Jeanine Áñez y de altos exfuncionarios del anterior Gobierno. En la conversación, el secretario general subrayó “la necesidad de respetar los derechos humanos y el debido proceso, que constituyen una base fundamental de la consolidación de la democracia”. Guterres ya se había expresado en términos similares durante el pasado fin de semana, cuando hizo público un comunicado en el que insistía en la importancia de garantizar procedimientos legales adecuados y con “transparencia” para los arrestados.

Por su parte, la cancillería mexicana pidió este miércoles a la OEA evitar confrontarse con el gobierno de Bolivia y de abstenerse de intervenir en asuntos internos de los Estados miembros. “Como Estado miembro de la OEA, México considera que la Secretaría General de la organización debe apegarse a su misión de fomentar el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, absteniéndose de realizar pronunciamientos unilaterales a nombre de toda la membresía”.

Asimismo, Estados Unidos ha estado pendiente de la situación, la encargada del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, tuiteó el 13 de marzo tras la detención de Añez: “Animamos a nuestros amigos y vecinos de Bolivia a sustentar todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”. La protección de los derechos humanos son un pilar de la política exterior del gobierno de Joe Biden por lo que gobiernos con líderes de izquierda perciben que la OEA es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos y que es un vehículo del “imperio”.