El pasado 28 de enero, el representante del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, junto con su equipo de la cuarta transformación enviaron al Congreso de la Unión, una iniciativa a la reforma de la "Ley de la Industria Eléctrica" para implementar una nueva política energética en la que se privilegie y fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no solo a los privados. Es así como con esta iniciativa se busca regular la energía producida por los privados con el objetivo de que no se les incrementen los precios a los usuarios. ¿Será esta una mejor reforma eléctrica, a la impulsada por el expresidente Peña?

La reforma se denominó "La Nueva Política Energética", en oposición a la que Peña propuso en su sexenio, ya que su enfoque es totalmente lo contrario. Busca que la energía eléctrica no esté a manos de los privados, sino que, se impulsen y/o beneficien principalmente las empresas mexicanas y sobre todo nuevamente, la vieja Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien lo hizo por muchos años.
Es así como, esta nueva iniciativa propone crear un nuevo esquema de distribución y jerarquía para el reparto de la energía al sistema eléctrico nacional. Este esquema busca que los primeros que distribuyan energía sean las instalaciones hidroeléctricas mexicanas, luego las plantas de CFE, posteriormente la energía eólica o solar de los usuarios y finalmente la energía emitida de los privados. En opinión de muchos expertos en la materia sería un retroceso crucial en la libre competencia, ya que sería volver al tiempo en que sólo empresas del gobierno podrían distribuir energía.

Otro punto que pretende en esta iniciativa es que el gobierno ya no realice subastas eléctricas ya que: “Las subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE, ya que los contratos correspondientes tienen una vigencia de 20 años y los precios no están sujetos a variaciones del mercado”, señaló Andrés Manuel. En pocas palabras, se busca que CFE se vuelva a posicionar como un monopolio. No obstante, el objetivo de esta reforma no debería ser volver al pasado sino, disminuir los contratos o licitaciones a los privados para que así, exista una mejor competencia y oportunidades de quienes están en el negocio eléctrico y no beneficiar a sólo ciertas personas o empresas.

Cabe decir que esta nueva reforma también tiene sus puntos buenos, como las energías limpias, toda vez que esta iniciativa pretende otorgar certificados de energías limpias sin depender de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas. También elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos y obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos que hayan sido obtenidos mediante actos constitutivos de fraude a la ley.

El principal objetivo de la reforma es cambiar el orden en que se envía la electricidad y que CFE vuelva a posicionarse como la principal empresa eléctrica en México. Sin embargo, de aprobarse la reforma se perderían las inversiones privadas, cantidad que equivale a aproximadamente 41 millones de dólares, lo que podría ser riesgoso para el sector eléctrico y traerle más deudas al país.

Además, se podrían desencadenar demandas contra el gobierno mexicano, ya que se violarían incluso cláusulas del tratado de libre comercio “TLC” con Canadá y EUA, esto porque México no cumplirían sus obligaciones firmadas. Por último, la suspensión de las subastas para comparar energética a largo plazo abriría una puerta a la corrupción ya que CFE sería la única que podría comprar, sin darles oportunidad a los privados. Entonces ¿La reforma de Peña o de AMLO? ¿CFE o los privados?