La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano para restablecer una controvertida política de la era del expresidente Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias judiciales.

La cancillería mexicana anunció el jueves que el programa "Remain in Mexico", también conocido como Protocolos de Protección al Migrante (PPM), se reanudará después de que Estados Unidos aceptara sus “preocupaciones humanitarias”.

Eso incluye la protección de grupos vulnerables, el acceso a refugios y la ayuda de organizaciones internacionales, así como la disponibilidad de vacunas COVID-19 para los migrantes, expresó el ministerio en un comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el programa se reanudaría el 6 de diciembre y que, una vez que volviera a estar plenamente operativo, las personas serían devueltas a México a través de siete cruces fronterizos en los estados norteamericanos de California, Arizona y Texas.

Unas 70.000 personas, incluidos niños, fueron devueltas a México bajo el MPP, al que Biden ha intentado poner fin como parte de su promesa de revertir algunas de las políticas más duras y antiinmigración de su predecesor Donald Trump.

Los solicitantes de asilo han sido objeto de violencia, secuestros y violaciones en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas controladas por los cárteles, donde muchos se vieron obligados a esperar en campamentos miserables durante meses e incluso años para sus audiencias en Estados Unidos.

La administración de Trump creó el programa MPP en 2019 como parte de su esfuerzo por disuadir la migración hacia Estados Unidos.

Biden suspendió las nuevas inscripciones en su primer día en el cargo, el 20 de enero, argumentando que el programa era cruel e ilegal - y se terminó formalmente en junio. Sin embargo, un tribunal de Texas ordenó en agosto que el gobierno de Estados Unidos reiniciara el programa, alegando que el gobierno de Biden lo había terminado indebidamente.

Sin embargo, durante semanas, el restablecimiento de la política ha estado sujeto a la aprobación de México.

En octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que quería que los casos del MPP se concluyeran en un plazo de 180 días, entre otras exigencias.

La agencia de noticias Associated Press, citando fuentes familiarizadas con los detalles del programa, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está asignando 22 jueces de inmigración para trabajar en estos casos de asilo.

La AP también informó de que a las personas sujetas al MPP se les ofrecerá la vacuna COVID-19; a los adultos se les administrará la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis, mientras que a los niños se les ofrecerá la vacuna de Pfizer-BioNTech, con segundas dosis que se administrarán a su regreso a Estados Unidos.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han criticado la política de "Permanecer en México", calificándola de ilegal y que pone a personas vulnerables en situaciones peligrosas.

Human Rights First, un grupo de derechos con sede en Estados Unidos, ha documentado 1.544 actos de violencia contra solicitantes de asilo obligados a esperar en México bajo el MPP desde el inicio del programa hasta febrero de este año.

"La política de 'Remanin en Mexico' fue un desastre humanitario cuando se implementó por primera vez, y está condenada a serlo de nuevo", dijo la directora senior de la organización para la protección de los refugiados, Eleanor Acer, en un comunicado el jueves.

"Una lista de mejoras no puede arreglar una política intrínsecamente inhumana, ilegal, injusta e irreparable", manifestó Acer.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también expresó su preocupación por el restablecimiento de dicha política.

"El ACNUR nunca participó en la aplicación del MPP y no apoyará la política reinstaurada", dijo en un comunicado Matthew Reynolds, representante del ACNUR para Estados Unidos y el Caribe. "Apoyamos el trabajo del gobierno estadounidense a principios de este año para poner fin al programa MPP e instamos a los Estados Unidos a continuar con esos esfuerzos".

El restablecimiento del MPP funcionará junto con otra política polémica de la era Trump conocida como Título 42, que permite a los agentes fronterizos estadounidenses expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo de vuelta a México, citando la pandemia de coronavirus. El Título 42 sigue vigente incluso cuando Estados Unidos ha reabierto su frontera con México a los viajeros no esenciales.

México ha accedido a aceptar a la mayoría de las personas expulsadas en virtud del Título 42 desde los países del llamado Triángulo del Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala.

En un tuit el jueves, Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa de Políticas para Centroamérica y México en el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin, dijo que eso probablemente significa que las personas de otras naciones como Cuba, Venezuela, Haití, Brasil y Nicaragua estarían sujetas al MPP.

En medio del aumento de la pobreza, la delincuencia y la inestabilidad política en Centroamérica y otros países de la región, el número de solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado cifras récord en los últimos meses.

Durante el último año fiscal, las autoridades estadounidenses detuvieron a 1,7 millones de personas que intentaban cruzar al país.