¿Qué tal, Coyotes académicos?

En esta ocasión, te comparto mi aporte a un ensayo que redacté, en colaboración con Alexa, nuestra corresponsal de la sección internacional, sobre el proyecto neoliberal y sus repercusiones en la salud ambiental. Considera este artículo como la Parte 2/2 del texto publicado por López-Sánches & Fletes, el día de ayer.

Como ya lo comentaba ella, este ensayo conjunto surgió del interés de comunicar y hacer comprensible el neoliberalismo, en el marco de la presente crisis ambiental que enfrentamos, que ha sido malversado, durante su tropicalización y territorialización. Si, primero, te interesa conocer más acerca de qué es o en qué consiste el neoliberalismo y sus principales características, te invito a que revises su publicación antes de seguir leyendo esta.

ADVERTENCIA: Este texto lo concebimos como un ensayo académico, originalmente, por lo que va mayormente dirigido a nuestros Coyotes Académicos. No obstante, si no te consideras un(a) Coyote nerd, pero aún así te interesa leer del tema, ¡eres muy bienvenido a quedarte y leernos!
A continuación, procederé a explorar las implicaciones del modelo neoliberal, en lo que respecta a lo ambiental como eje articulador de lo social, lo económico y cultural.

Diversos autores sugieren que la sociedad del siglo XXI enfrenta una crisis civilizatoria, que se manifiesta en las distintas esferas, valga la redundancia, de la civilización humana. Esto es, que afronta distintas problemáticas de índole económica, social, alimentaria, ambiental, demográfica, axiológica, entre otras, que producen un efecto multiplicativo e, incluso, sinérgico que dan lugar a esta crisis. Cada una de ellas se puede abordar desde distintas perspectivas, lo cual nos llevaría a identificar múltiples causas, efectos, alcances, actores afectados, etc. En particular, cuando se discute acerca de la crisis ambiental, es común señalar, como uno de los principales factores causales, al neoliberalismo.

Desde un enfoque materialista, que, dicho sea de paso, suele ser recurrentemente referido para la toma de decisiones, debido a su simplicidad, es factible atribuir la crisis ambiental a las actividades antrópicas: la deforestación, la generación de residuos sólidos, la introducción de especies exóticas, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la sobreexplotación de los recursos naturales, por citar algunos ejemplos. Es decir, es relativamente sencillo establecer relaciones del tipo: “X causa Y” o “en ausencia de X, ocurre Y”, para abordar problemas con prontitud y concisión. Sin embargo, esta aproximación al estudio de la realidad puede resultar reduccionista, causando que se omitan otros elementos o que se ignore que las acciones para atender una situación aquí, pueden agravar otra allá; por ejemplo, encausar un río para abastecer a una comunidad que carece de agua puede conllevar a la desecación del río en las partes altas y a altos niveles de salinidad del suelo; esto, a su vez, puede dar pie a nuevos problemas, de manera que termina siendo más caro el remedio que la enfermedad. Ante esto, si, en lugar de irnos a las acciones puntuales que causan un impacto ambiental negativo, consideramos las causas, motivaciones o razones por las que estas se llevan a cabo, descubrimos que es todo un paradigma o un contexto que envuelve a todas ellas lo que las genera.

Es así que resulta factible señalar al neoliberalismo como uno de los factores causales de la crisis civilizatoria, desde un punto de vista más amplio. Retomando la definición y la revisión historiográfica de su recepción y evolución en los Estados, podemos ver que, a raíz de los grandes conflictos sociopolíticos que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX, los gobiernos directamente afectados se dieron a la tarea de reinstaurar la paz y el bienestar en sus poblaciones. Una de las grandes reformas que hicieron respecto a antes de esos periodos fue acuñar nuevas políticas neoliberales, para lograr su cometido. En esta meta ambiciosa de generar prosperidad, se tergiversó el discurso del bienestar y la calidad de vida, y la nueva idea trastornada de la riqueza vino a trastocar la racionalidad económica, resultando en una sociedad voraz y desmedida, que no conocía ni mucho menos respetaba los límites naturales del crecimiento. Aunado a esto, desde una perspectiva epistemológica, el aislamiento y la compartimentalización de las diferentes disciplinas mantuvo escindidas las ciencias naturales de las ciencias sociales por muchas décadas; de ahí que la evidencia de los impactos del modelo neoliberal en el ambiente, las preocupaciones y las críticas al deterioro ambiental tardaran en permear en las discusiones políticas y económicas. Por ello, para cuando los de arriba se enteraron de estas situaciones, el problema ya llevaba un avance considerable.

De este modo, se forjó un paradigma hegemónico; primero, de alienación del ser humano de la naturaleza y, luego, de dominación sobre ella; de supuestas plenitud, abundancia y hasta “infinitud” de los recursos naturales, que permitirían satisfacer la demanda en aumento de bienes y servicios por parte de una población creciente. Así, se reforzaría el ciclo vicioso de: “Con una oferta suficiente de bienes y servicios, mejorará la calidad de vida de la población; luego, esta crecerá y, con ello, aumentará la demanda de recursos, que será satisfecha por una oferta que seguirá aumentando a la par”, y así sucesivamente.

Gracias a los avances de la industrialización, se normalizó este sistema económico, que operaba de manera lineal; es decir, que el ciclo productivo comenzaba con la extracción de materias primas y concluía con la disposición final de los productos, una vez que concluía su vida útil. Y los mercados se mal acostumbraron a este estilo de vida, de tener siempre disponible una oferta de productos que satisficiera sus demandas, que no siempre eran del todo necesidades. Y a falta de conocimiento, preocupación y, menos aún, institucionalidad o mecanismos de gestión y protección ambiental, el sistema económico era libre operar a sus anchas, sin supervisión ni regulación.

Ahora bien, retomando la cuestión de la adopción del neoliberalismo en México desde hace unas décadas, al permitir el gobierno que el mercado se autorregulara, sus intereses han quedado sujetos a aquellos del segundo. Y hoy en día, ya es hasta común ver que la acumulación de capital seduce y doblega a cualquier administración. Podemos recapitular un número de casos de sobornos, de actos de corrupción, de concesiones, permisos y autorizaciones otorgados para favorecer los intereses de un puñado de particulares. A saber, la miseria en la que se han visto sumidos el campo mexicano y las comunidades indígenas en distintas regiones, entre otras causas, por el abandono por parte del gobierno, para dar entrada a megaproyectos agroindustriales y a la monopolización de las semillas de especies autóctonas; la deforestación de grandes extensiones de tierra con abundante y variada cubierta forestal, para la implantación de la ganadería o la introducción de plantaciones de monocultivos de soya transgénica; el otorgamiento de derechos o concesiones sobre cuerpos de agua a compañías refresqueras y embotelladoras, cuando estos deberían ser bienes comunes, entre otros.
De este modo, el aumento de las relaciones capitalistas vinieron acompañadas de un deterioro ambiental progresivo, más insospechado, a partir del continuo avance de la industrialización y el crecimiento urbano no ordenado y/o no o mal planeado, así como de la permisividad de los gobiernos para con la iniciativa privada. Es decir, que la expansión de las relaciones comerciales, el crecimiento de las empresas, su expansión a nuevos territorios y la creciente demanda de bienes y servicios, dio lugar al extractivismo voraz y a mercados insaciables. Y eso sin mencionar los modelos de negocio que transgreden los derechos humanos y laborales en plantas manufactureras en ciertas partes de Asia y África, con salarios mezquinos, instalaciones inseguras, condiciones de trabajo insalubres, tratos indignos, etc.

Sin duda, uno de los bastiones del neoliberalismo es la privatización de los bienes comunes o del Estado. Ello conlleva a un acceso reducido a estos bienes, lo cual puede vulnerar, de distintas maneras y en distintos niveles, a múltiples sectores de la población, sin mencionar la imposibilidad de intervención popular o gubernamental en caso de negligencia. Entre tanto, la privatización de las playas, las minas o los bosques conducen a mayores riesgos ambientales, mayor exposición a la contaminación, a la fragmentación de los ecosistemas, al agotamiento de los recursos naturales, al desplazamiento de especies de flora y fauna, más muchos otros; y lo peor de todo es que ni la sociedad ni el gobierno pueden participar en la toma de decisiones ni en acciones relacionadas con el manejo de estos recursos o propiedades, por los regímenes y derechos de propiedad. Asimismo, la privatización de ciertas tierras o recursos puede atentar contra la soberanía de los legítimos residentes o antiguos propietarios, aun cuando esta se realiza en aras del progreso y del bienestar. Un caso particular sería la creación de presas hidráulicas o de parques eólicos o solares, con motivo de generar energía a partir de fuentes renovables, lo cual es espléndido, en términos de transición energética y desarrollo sostenible. Empero, cuando se otorgan los derechos de uso de suelo y todos los permisos para introducir las centrales eólicas en territorios con asentamientos de pueblos originarios, sin haber realizado previamente una consulta popular representativa e informada, el bienestar de estas comunidades puede verse comprometido, al grado de verse desplazadas o privadas de sus bienes y de su patrimonio. Nótese que esto no hace más que ampliar las brechas sociales y económicas al interior del territorio nacional, a nivel subnacional, así como concentrar la riqueza en una relativa minoría. Asimismo, implica una pérdida del patrimonio biocultural y de conocimientos tradicionales, al sacar a las personas de su territorio o al privatizar recursos, como pueden ser las semillas. Todo aquello puede repercutir directamente en la cultura de esa comunidad e incluso en el ambiente, al dejar de intervenir las comunidades en su conservación y en las prácticas que contribuyen, en cierta medida, a conservar el equilibrio ecológico y la biodiversidad, como puede ocurrir con el maíz, al privatizar las semillas, elevar los precios e introducir nuevas prácticas no sustentables que perjudican la calidad del suelo y reducen la biodiversidad, como a partir de la aplicación de productos agroquímicos, cuando las comunidades originarias tienen los conocimientos tradicionales y toda la experiencia en el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos, en la mayoría de los casos.

Entonces, cuando el capital natural queda en manos y, por lo tanto, a expensas de los particulares y el Estado opta por no intervenir en las operaciones de las empresas, los conflictos de interés y las luchas de egos pueden llegar a olvidar e ignorar el bienestar colectivo, el respeto a todo el marco de derechos de la población y ni se diga la salud y la calidad ambiental.


Últimas consideraciones

Podemos concluir que el neoliberalismo, al menos, en la cuestión ambiental, en efecto, puede llegar a tener múltiples repercusiones adversas, provocando un deterioro ambiental, agotando recursos naturales, desplazando comunidades, etc. Asimismo, cuenta con el potencial de resultar incongruente con ciertas políticas del sector público ambiental y, así, poner en entredicho las promesas de los gobiernos a la sociedad.

Entonces, llegamos a que la manera de prevenir futuras afectaciones negativas por parte de un modelo económico neoliberal que procura y antepone la generación de capital y su limitada distribución entre los generadores de riqueza que se encuentran en la cima de las corporaciones, es mediante la regulación de las operaciones de las empresas, sin caer tampoco en una estatización total de la economía. Es decir, que tampoco resultaría completamente viable desprivatizar las empresas o los sectores productivos de los países, y menos en casos como el de México, dado que la inversión de la iniciativa privada contribuye significativamente al desarrollo económico del país; por otra parte, las capacidades institucionales de atender las necesidades y demandas de la población podrían verse rebasadas por un muchos factores, empezando por el volumen de la población o la disponibilidad de presupuesto y personal capacitado, entre otros aspectos. Por lo tanto, se debe empezar por repensar las ideas de riqueza, de desarrollo y de crecimiento, y replantear los modelos económicos en los países que aún enfrentan problemáticas de esta naturaleza; en la práctica, se deberían instrumentar y aplicar diferentes acciones con enfoque de sostenibilidad, orientadas a regular la economía, a cambiar las prioridades enfocadas en el capital por otras que pongan en el centro a las personas; es decir, considerar el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente como condicionantes del desarrollo y el crecimiento económico. Para ello, los Estados habrán de contar con un marco legal, normativo e institucional sólido y eficiente para garantizar que el desarrollo económico no siga dándose a expensas del medio ambiente y las desigualdades sociales. Y, desde luego, aprovechar las alianzas multi-actor y multisectoriales, los convenios y tratados de cooperación para el desarrollo, a fin de intercambiar conocimiento y experiencias para un desarrollo y crecimiento ordenados, planeados y sostenibles. Por último, pero no menos importante, crear y ofrecer mecanismos de participación popular, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos, el acceso oportuno a la información y la protección social, pues los cambios, sobre todo aquellos por ejecutarse en el sector ambiental, requiere del esfuerzo de todos, y qué mejor que una sociedad consciente, proactiva y comprometida con la conservación y la protección ambiental.