Periodistas captados para concientizar su importante rol en la sociedad/ Imagen obtenida de la página de Naciones Unidas (ONU / Violaine Martin

Política, Nacional

Crisis en periodismo mexicano

María Arroyo

11 de Enero de 2022

Si no cuidamos a quienes nos informan, ¿cómo nos informaremos?

No es el primer año que pasa

Desde 2018, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó al Gobierno mexicano que destinará los fondos necesarios para la incorporación del mecanismo que brindaran protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, la administración pública hizo una reestructuración en cuanto al financiamiento de las diversas actividades del país, por lo que aun si el fideicomiso dedicado a esta causa no fue eliminado, sí fue opacado por otros asuntos federales y estatales. Muy a pesar de que, la prioridad de esta crisis de inseguridad debería ser alta, pues existe una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.


De un pasado sangriento, a un presente y futuro incierto

Un dato importante a tomar en cuenta es que en una búsqueda rápida no se encontrará la cantidad exacta de víctimas entre 2010 a 2022, sin embargo conforme un comunicado de la CNDH, “Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras”, se obtiene mayor certeza gracias al Examen Periódico Universal (EPU) hecho por el Consejo de Derechos Humanos (CDH), el cual es órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas que se integra por 47 Estados. En el EPU, se ha estudiado y contabilizado la situación de los derechos humanos en México, a lo largo de tres periodos: 2008-2011, 2012-2016 y 2017-2021.

Durante febrero del 2006 hasta septiembre de 2008, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADCP), en el ámbito federal se conocieron 262 asuntos por delitos cometidos contra periodistas. De este informé se señaló que el tipo de delito más denunciado es la amenaza, luego en 17 de los asuntos se denunció el delito de homicidio. Asimismo, las denuncias hechas también eran por lesiones, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y robo.

Posteriormente, durante un segundo EPU que evaluaba el periodo (2012-2016), México indicó que, en 2010, se instituyó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Esta tuvo el objeto de coordinar investigaciones y perseguir delitos contra quien ejerce el periodismo. Además, durante 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) un conjunto de normas que llama a la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para operar mecanismos de preventivos y de protección de periodistas y defensoras(es) en situación de riesgo; dicha ley establece un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya participación está conformada por representantes de periodistas y defensores de derechos humanos propuestos por la sociedad civil.

La CNDH bajo el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos informa que de 2000 al 31 de diciembre de 2017, se han contabilizado un total de 130 homicidios de periodistas; de estos 13 casos corresponden a mujeres (equivalente al 10%). De estos, en 2017, se verificaron 10 homicidios.

Luego, CNDH informa que entre 2005 al 31 de diciembre de 2017 se registraron 20 periodistas desaparecidos y del 2006 al 31 de diciembre de 2017 se tuvo conocimiento de 52 atentados a instalaciones de medios de información.

En cuanto a los lugares con mayor incidencia en estos actos de violencia, se trata de cinco entidades federativas: Veracruz (21), Oaxaca (15), Tamaulipas (14), Guerrero (14), Chihuahua (14) y Sinaloa (7).

Estadística de CNDH: seis estados con mayor incidencia en homicidios de periodistas son los siguiente / Obtenido del INFORME DE ACTIVIDADES 2021


Ahora, en datos más recientes, apoyándonos con lo registrado por ARTICLE 19, durante 2021 sucedieron homicidios como:

Benjamín Morales Hernández en Sonora, Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, Saúl Tijerina Rentería en Coahuila, Ricardo López Domínguez en Sonora y Jacinto Romero Flores en Veracruz.

Por otro lado, también están el caso de Cuitláhuac García cuestionando irrespetuosamente a una reportera o aquel en que CNDH condenó, puesto que implicó agresiones físicas y amenazas de policías federales contra los reporteros José Torres y Damián Sánchez, los cuales fueron golpeados y pateados durante su cobertura a la Estación Migratoria Siglo XXI cuando se encontraban migrantes de múltiples países.

Tomando en cuenta todos los datos anteriores y pensando que son de lo más objetivas posibles, nos encontramos con que ni las administraciones pasadas ni tampoco la actual han hecho un trabajo suficiente para asegurar la libertad de expresión. En especial, si se toma en consideración cuantas veces el presidente actual de la República Mexicana ha decidido emitir comentarios que denigran a los periodistas como sujetos poco confiables que sólo van en su contra.

Por lo tanto, es posible señalar que las diferentes agresiones contra miembros de la comunidad de comunicación, no sólo provienen del crimen organizado, particulares o partidos políticos, sino que el propio Estado con sus agentes han censurado de forma violenta la expresión.


Implicaciones en las leye

El Estado mexicano no parece cumplir con un protocolo suficiente, pues tanto él como otros agentes han vulnerado a aquellos que permiten contrapesos en el Estado y propician un país democrático como el que aspira y consagra en la constitución de México en sus artículos 3 y 40 constitucional. Asimismo, luce como que el artículo 24 constitucional donde se protege la libertad de convicciones éticas y de conciencia son rechazadas por la figura presidencial, incluso si ya no estamos en “el antiguo régimen PRIAN”.

Otro factor es el estado de derecho, que en palabras del Secretario de la ONU, lo define como “principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”. (2004)

En México, está claro que este elemento ha sido quebrantado y, mientras no sea atendido de verdad, tendremos la desgracia de que sean violentados constantemente los derechos humanos de las personas que contribuyen en gran parte en el frente de la democracia de nuestra sociedad. De tal sentido, estamos condenados a sus muy lamentables muertes. Por ejemplo, lo sucedido ayer jueves 11 de febrero de 2022, cuando en el municipio de Salina Cruz, ubicado en el estado de Oaxaca, al periodista Heber López, se le arrebató la vida mientras se dirigía a su vehículo.