La crisis migratoria entre México y Estados Unidos es una realidad latente que está alcanzando índices nunca antes vistos. De igual forma, está poniendo a prueba la relación bilateral entre ambos países. Para el mandatario estadounidense, Joe Biden, el reciente flujo de inmigrantes, especialmente el de menores no acompañados, se ha traducido en una batalla para su política interna, no solo entre republicanos y demócratas, sino también dentro del propio partido demócrata.

Sólo en el mes marzo de 2021, alrededor de 170 mil migrantes trataron de cruzar la frontera, lo que representa un incremento del casi 70% con respecto al mes de febrero. Asimismo, se contabilizó que hay aproximadamente 19 mil menores no acompañados bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Joe Biden prometió una política de inmigración justa y humana, sin embargo existe la preocupación por el trato que reciben los inmigrantes en la frontera y el alojamiento que se les proporciona a los niños. Es por ello que era de suma importancia que se estableciera una llamada entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

López Obrador expresó que “hay disposición de nuestra parte para sumar voluntades en la lucha contra la trata de personas y la protección de los derechos humanos, especialmente de niñas y niños”. Por su parte, Kamala Harris agradeció al presidente López Obrador por su colaboración en materia migratoria y acordaron seguir trabajando juntos para atender las causas de la migración de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Además de los temas relacionados con la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades económicas.

Se informó que hablaron de los proyectos de cooperación para el sur de México y los países del norte de Centroamérica. Además, abordaron los proyectos derivados del diálogo entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) donde se acordó fortalecer los mecanismos binacionales para compartir inteligencia con el propósito de combatir las redes transnacionales de traficantes de personas que ponen en riesgo la seguridad de los migrantes.

En respuesta a la escalada de la crisis, la administración de Joe Biden, envió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para apoyar la respuesta del gobierno, aumentó la cantidad de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés (CBP), abrió nuevos centros de detención, designó a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar la estrategia en la región y gastó 60 millones de dólares por semana para abordar las necesidades de los niños migrantes y los factores subyacentes que motivan a los migrantes a viajar hacia el norte: el cambio climático, la corrupción, la delincuencia violenta, la pandemia y la pobreza.

Mientras tanto, el gobierno mexicano está respondiendo a la crisis humanitaria desplegando casi 9.000 miembros de su Guardia Nacional para frenar el flujo de migrantes. Los albergues y centros de detención en México están desbordados por la cantidad de personas que están siendo deportadas bajo el Artículo 42 del Código de los Estados Unidos, que justifica las expulsiones rápidas como medida sanitaria en medio de la pandemia. El gobierno mexicano también ha comenzado a enviar a los migrantes de vuelta a sus países bajo la justificación que los que se quedan en el país corren el riesgo de ser presa del crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, el secuestro y el trabajo forzado.

Es evidente que Joe Biden se está enfrentando a la realidad de un sistema de inmigración roto que tardará en reconstruirse, por lo que ambos países deberán adoptar una estrategia en común para poder resolver el asunto migratorio en Centroamérica.