Del lado de la inconformidad ciudadana respecto a la consulta había dos argumentos que resonaban de manera repetida: por un lado, quienes estaban inconformes por la cantidad de dinero que costó la consulta y por el otro, la gente que decía que la consulta era innecesaria ya que la justicia no se pone a votación. Para abordar el primer argumento, el costo de la consulta popular fue de 520 millones de pesos según datos del Instituto Nacional Electoral. El dinero necesario para realizar la consulta fue financiado por el presupuesto del mismo INE, por lo que los argumentos de que ese dinero se pudo haber utilizado para compra de otras cosas -como vacunas contra el COVID-19 o medicamentos- son falaces.

Para ahondar el segundo argumento es necesario remitirnos a las funciones del Estado Mexicano y entre estas se encuentra el procurar la justicia y perseguir los crímenes a través de los mecanismos que la ley señala como pertinentes; los marcos normativos dejan claro que el ejercicio de la acción penal no debe someterse al voto popular. Por lo tanto, la consulta técnicamente fue inconstitucional. En palabras del investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Javier Martín Reyes: “La Corte renunció a su función de contrapeso, claudicó ante AMLO y se convirtió en el tribunal de las tres mentiras: Ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia”. Esto, debido a que la función de la Suprema Corte es ser un contrapeso para el poder ejecutivo, no someterse a seguir una agenda política en beneficio del presidente.

Cabe recalcar que el año pasado se realizó un debate entre los ministros de la Suprema Corte sobre si la consulta sería constitucional o inconstitucional. A lo largo de esta sesión se vertieron argumentos de ambas posturas, aunque es importante mencionar que los argumentos a favor de la consulta tenían tintes políticos muy marcados y se basaban en la tangente de crear un sistema más participativo e incluso de revolucionar la política criminal del Estado. Por otra parte, los ministros que estaban en contra de la consulta se ubicaron en el terreno meramente constitucional, recalcando que su función como jueces constitucionales es proteger la Constitución aún cuando la mayoría quiera otra cosa, pues ellos no están en la Corte para ser populares y por lo tanto no deberían seguir agendas políticas. Al final de la sesión y con una votación muy dividida la Suprema Corte definió que la consulta no era inconstitucional.