La Consulta Popular se llevó a cabo el 1 de agosto. / Imagen de Político Mx

Política, Nacional

¿En qué falló la consulta popular del 1 de agosto?

Gisela Ramírez

05 de Agosto de 2021

En redes sociales se habla mucho de la consulta popular y los usuarios de estas plataformas dan sus puntos de vista respecto a las deficiencias y los aciertos de la jornada democrática; en este artículo se recopilaran las inconformidades de la ciudadanía para determinar ¿qué falló en la consulta popular?

El domingo 1 de agosto se llevó a cabo la jornada de consulta popular que, durante el periodo de propaganda, se vendió como una consulta para juzgar a los expresidentes. Días antes, en calles, túneles, servicios de transporte público, espectaculares y demás rincones de la Ciudad de México se habían plasmado posters de la consulta donde se apreciaban las caras de los expresidentes con los ojos cubiertos por una línea roja a manera de “censura” y sobre esta se podía leer con letras negras el escándalo más grande de su sexenio. Ante esta propaganda, la opinión de la ciudadanía no tardó en dividirse en redes sociales entre los que estaban a favor de enjuiciar a los expresidentes y los que estaban en contra de este ejercicio democrático.

Al llegar el día de la votación, lo que los mexicanos veían en su boleta era la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” y esta se podía responder de manera afirmativa o negativa. Es importante recalcar que se trata de una pregunta redactada por los ministros de la Suprema Corte de la Nación a partir de un borrador enviado por el Ejecutivo Federal. La pregunta de las boletas para la consulta era un poco confusa y si se analiza a fondo, realmente no se trata de enjuiciar o no a los exfuncionarios públicos, sino lo que busca es investigar a estos con miras de esclarecer sus acciones y las de sus colaboradores.

Por la noche del 1 de agosto se llevó a cabo el conteo de votos que resultó en un total de 6,663,208 votos, representando un 7.11% del padrón electoral. Del total de votos, un 97.7% fueron a favor y 1.5% fueron en contra de que se “esclarecieran” los hechos. Con estas cifras, la consulta popular no tiene efectos vinculantes, ya que se requería de al menos un 40% de participación del padrón para considerarse de esta manera. Una vez más, no se hicieron esperar los comentarios en redes sociales respecto a la consulta y esta vez hubo desde personas que presumían haber cumplido con su labor social y política al ir a votar, hasta personas que decían que la consulta popular se trataba de un circo del presidente para distraer a la población de otros temas de relevancia.

Publicidad de la Consulta Popular. / Imagen de Minuto.com


Del lado de la inconformidad ciudadana respecto a la consulta había dos argumentos que resonaban de manera repetida: por un lado, quienes estaban inconformes por la cantidad de dinero que costó la consulta y por el otro, la gente que decía que la consulta era innecesaria ya que la justicia no se pone a votación. Para abordar el primer argumento, el costo de la consulta popular fue de 520 millones de pesos según datos del Instituto Nacional Electoral. El dinero necesario para realizar la consulta fue financiado por el presupuesto del mismo INE, por lo que los argumentos de que ese dinero se pudo haber utilizado para compra de otras cosas -como vacunas contra el COVID-19 o medicamentos- son falaces.

Para ahondar el segundo argumento es necesario remitirnos a las funciones del Estado Mexicano y entre estas se encuentra el procurar la justicia y perseguir los crímenes a través de los mecanismos que la ley señala como pertinentes; los marcos normativos dejan claro que el ejercicio de la acción penal no debe someterse al voto popular. Por lo tanto, la consulta técnicamente fue inconstitucional. En palabras del investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Javier Martín Reyes: “La Corte renunció a su función de contrapeso, claudicó ante AMLO y se convirtió en el tribunal de las tres mentiras: Ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia”. Esto, debido a que la función de la Suprema Corte es ser un contrapeso para el poder ejecutivo, no someterse a seguir una agenda política en beneficio del presidente.

Cabe recalcar que el año pasado se realizó un debate entre los ministros de la Suprema Corte sobre si la consulta sería constitucional o inconstitucional. A lo largo de esta sesión se vertieron argumentos de ambas posturas, aunque es importante mencionar que los argumentos a favor de la consulta tenían tintes políticos muy marcados y se basaban en la tangente de crear un sistema más participativo e incluso de revolucionar la política criminal del Estado. Por otra parte, los ministros que estaban en contra de la consulta se ubicaron en el terreno meramente constitucional, recalcando que su función como jueces constitucionales es proteger la Constitución aún cuando la mayoría quiera otra cosa, pues ellos no están en la Corte para ser populares y por lo tanto no deberían seguir agendas políticas. Al final de la sesión y con una votación muy dividida la Suprema Corte definió que la consulta no era inconstitucional.

Conteo de votos de la consulta popular. / Imagen de Heraldo de México


Con todo lo que está circulando en redes -tanto de parte de la ciudadanía, como de los promotores de la consulta- puede ser difícil desviarse o malentender la finalidad de esta. Este ejercicio democrático ha sido impulsado en gran medida por colectivos, padres, madres y las propias víctimas afectadas por los sucesos ocurridos en los diferentes gobiernos. Si bien, tanto el presidente, como MORENA se han colgado de esta causa para utilizar como un instrumento de legitimación política es importante reconocer la realidad y el esfuerzo de los verdaderos afectados que buscan pedir justicia, por lo menos a través de este medio. Por lo tanto, se puede concluir que la consulta popular si bien, inició como un proyecto bienintencionado y que buscaba ser una forma de dar justicia a las víctimas, también fue víctima de la desinformación y se vio mermado por intereses políticos. Derivado de estos factores es que la consulta no tuvo la participación que se esperaba y no fue legitimada por la ciudadanía.